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2011-09-22
Últimamente escucho afirmaciones como ésta:
Si yo llevo a mis hijos a una escuela privada, entonces quiero dejar
de pagar con mis impuestos la educación pública.
En estas palabras se encuentra implícita una notable suposición:
que el usuario del servicio privado no obtiene beneficio del servicio
público. Esta suposición es absolutamente errónea.
Veamos por qué. Los servicios públicos (financiados mediante
impuestos con los que, de forma solidaria, cada contribuyente paga
según su capacidad) surgen para cubrir áreas tan fundamentales como
la educación y la sanidad. Si el usuario de servicios privados deja
de aportar lo que le corresponde para el mantenimiento de los servicios
públicos, entonces hay que aumentar la carga de los usuarios restantes
o reducir el coste del servicio, lo que, si la gestión es buena, sólo
es posible mediante una reducción de la calidad, que es precisamente
lo que se hace en estos momentos. Ahora bien, los servicios privados
no son una opción para muchos que carecen de la capacidad económica
para pagarlos, de modo que el deterioro de los servicios públicos
penaliza especialmente a los pobres. Si nos centramos en la sanidad
y en la educación, tenemos los siguientes escenarios:
- La reducción de la calidad de la sanidad pública supone un
deterioro del estado de salud general de la población. Incluso si
ignoramos la tragedia humana, esto es problemático para el usuario
de la sanidad privada, ya que aumenta el riesgo de contagio de
enfermedades y la productividad general de la masa trabajadora
disminuye, lo que supone una carga indeseable para la economía
nacional.
- La reducción de la calidad de la educación pública empeora la
cualificación general de la masa laboral. Esto se traduce en un
empobrecimiento no sólo de quienes reciben una eduación inadecuada,
sino de toda la nación en general, ya que no es posible generar y
mantener puestos de trabajo e industrias de alto valor añadido. Surge,
además, un círculo vicioso al disminuir el presupuesto (recaudado por
vía impositiva) disponible para financiar la educación pública. Si
el usuario de la educación privada que no paga impuestos realiza una
actividad económica mínimamente significativa con sus conciudadanos,
entonces se verá penalizado por esto.
- La reducción de la calidad de la educación pública frente
a la educación privada crea una brecha social que se realimenta.
Esto está correlacionado positivamente con un incremento en las
tasas de criminalidad, lo que aumenta la inseguridad de todos esos
usuarios de la educación privada que no pagan impuestos.
Por estos motivos puramente egoístas, el usuario de los servicios
privados tiene mucho que perder si deja de financiar los servicios
públicos.
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https://sgcg.es/articulos/2011/09/22/los-servicios-publicos-tambien-benefician-a-quienes-no-los-usan-directamente/
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