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Que garantizar un derecho cueste trabajo no significa que el derecho no sea tal cosa

2026-10-20

Ante la situación escandalosa de falta de acceso a la vivienda, una parte de la población protesta y exige que se garantice su derecho a tener casa. A su vez, ante estas reivindicaciones, aparecen propagandistas con el siguiente argumento peregrino:

La vivienda no es un derecho porque alguien tiene que pagarla.

Este argumento es obscenamente estúpido y quien lo esgrime se muestra intelectualmente indistinguible de un canto rodado. Vivimos en sociedad y es esta sociedad (es decir, el conjunto de los seres humanos) la que se ocupa tanto de reconocer derechos como de hacer lo posible para garantizarlos. Muchos derechos tienen un sujeto pasivo que asume obligaciones para garantizarlos. El derecho a la propiedad solamente puede garantizarse mediante la presencia de unas fuerzas de seguridad cuyo trabajo cuesta un dinero que alguien tiene que pagar, por ejemplo.

El capítulo segundo de la Constitución Española, de los derechos y libertades, reconoce varios derechos cuya garantía alguien tiene que pagar.

El derecho a la vivienda aparece como tal en la Constitución Española en su capítulo tercero, de los principios rectores de la política social y económica, lo que suele servir también de argumento para decir que no es un derecho real, porque lo que figura en el capítulo tercero es papel mojado. La vivienda es un derecho reconocido en el punto primmero del artículo veinticinco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese montón de papel aparentemente también mojado que España ratificó en 1979.

De vuelta a la insulsa cuestión de que si hay que pagar, recordemos, por ponernos crueles y escandalosos, que lo único que garantiza el derecho de los terratenientes a preservar sus bienes raíces y que no se los lleve por la fuerza una turba hambrienta, furiosa y sin techo es la presencia de unas fuerzas de seguridad cuyo trabajo cuesta un dinero que alguien tiene que pagar.

Categorías: Derechos

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