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El descerebrado vicio de las fotocopias compulsadas de documentos oficiales

2013-03-12

Es práctica común la petición de fotocopias compulsadas de documentos oficiales como requisito para la realización de toda clase de trámites administrativos. Esto es algo que no tiene justificación racional. La lógica es la siguiente:

• Hace falta un documento que certifique cierta condición (el DNI para acreditar la identidad de un individuo, verbigracia).
• El documento acreditativo es único, así que no es viable quedarse con él, pero podría aceptarse una fotocopia.
• Las fotocopias son trivialmente falsificables, de modo que hace falta certificar la autenticidad de la copia del documento.
• Se recurre a la compulsa: la autenticidad de la copia es certificada para el uso que quiere dársele por un funcionario que estampa su sello o su firma.

Hasta aquí, todo correcto… ¿o no es así? El peso autenticador recae en el sello o la firma del funcionario, cuya palabra se supone que es cierta. ¿Sería lógicamente necesaria, entonces, la fotocopia? Esto depende del uso, por supuesto. Si el objetivo es transmitir el documento completo, pues este es largo y medianamente complejo, entonces tiene sentido. Si, por el contrario, el documento solamente va a ser utilizado por algún pequeño dato que contiene (el nombre del propietario, su titulación académica, el tipo de vehículo que está autorizado a conducir…), entonces la fotocopia se antoja absolutamente innecesaria y parece que sería más útil indicar el mínimo contenido importante y certificarlo con un sello o la firma del funcionario: algo así como un doy fe de que la identidad de este hombre es la que está escrita aquí. Arrastrar una fotocopia de difícil legibilidad para utilizar solamente una minúscula pieza de información textual es un desperdicio de recursos y a menudo trae consigo redundancias innecesarias, pues la información legible en la fotocopia del documento acaba registrada textualmente en una base de datos. La fotocopia solamente tendría utilidad en caso de ser necesario identificar a posteriori una falsificación que se habría escapado de la vista del funcionario, pero que sería curiosamente identificable a partir de una mera fotocopia.

El mecanismo de la compulsa no es el de la solución propuesta, sino que se limita a dar una legalidad limitada a una copia de un documento tras cotejar dicha copia con el original. Ahora bien, en el caso expuesto, que es habitual, la labor del funcionario no se limita a cotejar ciegamente, sino que identifica la información pertinente para introducirla en una base de datos o un informe y también verifica que el documento presentado es aparentemente válido. Es esta situación la que resulta sangrante.

Si el incauto lector no se había parado a pensar en esto, acaba de recibir una buena excusa para poner más cara de tonto cuando le pidan la próxima fotocopia compulsada de un documento oficial para copiar de ella una mera pizca de información como su fecha de nacimiento. Todo esto sin llegar a preguntarnos cómo es posible que la proverbial mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda y esto acabe obligándonos a arrastrar documentos de un lado para otro.

Categorías: Miscelánea

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